Procedimientos de incapacidad

• Incapacidad permanente parcial: Este tipo de incapacidad no consiste en una pensión mensual, sino en una indemnización que se paga al trabajador por tener una disminución del rendimiento de, al menos un 33 %.
• Incapacidad permanente total: Se concede una pensión que se reconoce por no poder trabajar en la profesión habitual. Y se entiende por profesión habitual la ejercida durante los doce meses anteriores a la baja que derivó en incapacidad total, o la que se dedicaba el afectado en el momento del accidente -de ser esa la contingencia.
• Incapacidad permanente absoluta: Esta incapacidad se otorga en casos de enfermedades o lesiones invalidantes para cualquier tipo de profesión, no solo para lo que se entiende por profesión habitual.
• Gran invalidez: Esta incapacidad tiene el grado más elevado. Se concede a los trabajadores que padecen una afección que ha llegado a anular su capacidad para ejecutar cualquier clase de actividad laboral y que, además, requieren de la asistencia de otra persona para llevar a término las tareas más básicas de la vida cotidiana, como vestirse, lavarse, medicarse, alimentarse, etc.

Para iniciar el procedimiento de incapacidad permanente, es necesario cumplir con varias condiciones:

• No haber alcanzado la edad de jubilación
• Estar afiliado y en alta
• Tener un período mínimo de cotización (dependiendo de la edad y origen de la incapacidad)
• Estar al corriente en el pago de cuotas

Antes de solicitar la incapacidad  es necesario que el trabajador esté en situación de baja médica o sin realizar actividad laboral alguna.

La solicitud de incapacidad se presenta en cualquier centro de Atención e Información del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el más cercano al domicilio habitual. Una vez pasado el tribunal médico, el trabajador recibe una resolución en su domicilio en la que le comunican si le han concedido la pensión de invalidez, en qué grado, cuál es la cantidad a percibir, cuenta en la que se le va a ingresar, y plazo a partir del cual esa prestación puede ser revisada por mejoría o agravamiento.

Si recibe una resolución por la que le comunican que su solicitud ha sido desestimada, tiene un plazo de 30 días para interponer el correspondiente recurso administrativo (reclamación previa) si no está conforme con la resolución. A posteriori, de llegarle de nuevo resolución desestimatoria, podría acudir en última instancia a vía judicial.